El no del PP provoca retrasos injustificados en las ayudas de emergencia social y saturación en la atención ciudadana

Los socialistas advierten de la deriva de los servicios públicos: falta de personal, servicios desbordados, miles de trámites acumulados, demoras continuas, centros municipales cerrados, y así suma y sigue

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a lamentar la falta de voluntad del  Gobierno local por abordar la grave situación que atraviesan los servicios públicos municipales. El pasado viernes, el PP votó en contra de una moción del PSOE reclamando al equipo de Ballesta la adopción de medidas urgentes para acabar con la falta de recursos en servicios que son esenciales para la ciudadanía.

“Estos estos días, la realidad no ha tardado en darnos la razón. Tanto Servicios Sociales como las Oficinas de Información y Registro General están al borde del colapso por la carencia de personal y el aumento de la burocracia”, ha advertido la edil del PSOE Ainhoa Sánchez.

En este sentido, Sánchez ha advertido de que “a las largas colas que se montan en las oficinas de información al ciudadano para los empadronamientos, como está ocurriendo con la ubicada en la Plaza de Europa, al borde del colapso; se une la demora en el pago de las ayudas de emergencia social a personas vulnerables, con retrasos de hasta cinco meses”.

Para el Grupo Socialista, “resulta lamentable que el Gobierno del PP siga sin tomar medidas concretas para acabar con la falta de personal, que es un clamor entre los propios trabajadores municipales; con la saturación de los servicios, que están desbordados; y con los miles de trámites acumulados, lo continuos retrasos en las ayudas y citas, centros municipales cerrados, y así suma y sigue”.

“Una vez más se demuestra que al PP no le interesa lo público. Negar la evidencia y actuar de espaldas a las necesidades de la ciudadanía, de servicios básicos y de los empleados municipales sigue siendo su estrategia para desmantelar, de forma definitiva, los servicios públicos”, ha concluido.

El PSOE no apoya la subida del recibo del agua porque perjudica a colectivos vulnerables y a los pequeños empresarios

Los socialistas rechazan las nuevas tarifas porque también penalizan a los contadores colectivos, lo que afecta principalmente a los edificios de más de 30 años de antigüedad

El Grupo Municipal Socialista no apoya la subida del recibo del agua aprobada este viernes por el equipo de Gobierno del PP porque perjudica a los sectores más vulnerables del municipio de Murcia y al tejido empresarial, especialmente a la pequeña y mediana empresa.

El edil Andrés Guerrero ha señalado que la modificación aprobada establece incrementos significativos, de entre el 10% y el 15%, para los consumos superiores a los 13 metros cúbicos mensuales.

Además, Guerrero ha explicado que con esta modificación se encarece también el coste fijo asociado a las instalaciones de contadores colectivos, lo que afecta principalmente a edificios antiguos con más de 30 años de antigüedad. “Esto perjudica especialmente a personas mayores y familias con bajos ingresos que residen en estos bloques, aumentando considerablemente el gasto en agua”.

Otro aspecto preocupante –ha añadido – es la imputación del coste de cambio de contadores de colectivos a individuales, que sería asumido por los usuarios afectados. “Una medida que, según el edil del PSOE, “supone una doble carga económica para estos ciudadanos, ya que, además de afrontar un aumento en sus facturas de agua, también tendrían que asumir los costes derivados de la instalación”.

Asimismo, el Grupo Socialista ha recordado que esta nueva subida se añade a otras recientes, como el incremento de hasta un 28% en la tarifa de alcantarillado en algunos de los consumos, así como el aumento en la tasa de basuras que gestiona Aguas de Murcia, aunque el servicio lo presta otra empresa.

El PSOE ha puesto de manifiesto su rechazo a unas medidas que carecen de sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables y a los pequeños y medianos empresarios de Murcia, y exige al equipo del PP que realice una revisión más justa y equilibrada de las tarifas.